Accesibilidad, plataforma única y la obligación de hacerlo bien

Hay que exigir coherencia entre el objetivo declarado y los resultados obtenidos

Amparo Graciani García

Un paseo reciente por el centro de la ciudad, con cierto temor a caer al transcurrir por algunas plataformas únicas recién construidas, así como la observación de un lector en X sobre mi anterior entrada en el blog, me hace tomarme la libertad de hablar de la plataforma única no como especialista en accesibilidad, porque no lo soy, sino como ciudadana que camina, observa y usa el espacio público. Y lo hago precisamente desde ese lugar: el de quien no dicta soluciones técnicas, pero sí puede detectar problemas evidentes cuando estos afectan a la vida cotidiana.

Conozco —y reconozco— las posibles ventajas de la plataforma única. Nadie discute que, bien proyectada y correctamente ejecutada, puede facilitar la continuidad peatonal y resolver situaciones complejas en calles estrechas o históricas. El problema no está ahí. El problema aparece cuando a una solución se le atribuye un carácter casi universal, como si todas las calles presentaran idéntica problemática y, por tanto, admitieran idéntica respuesta.

¿Son realmente todas las calles de Sevilla iguales? ¿Tienen la misma pendiente, el mismo tráfico, el mismo uso, la misma intensidad peatonal, las mismas condiciones de drenaje? La respuesta es evidente: no.

En el ámbito de la restauración de edificios aceptamos sin discusión que cada caso es particular, que no existen soluciones universales y que aplicar recetas generales conduce, casi siempre, a errores graves. Cada edificio se estudia, se diagnostica y se interviene en función de su historia constructiva, de sus patologías y de sus condiciones específicas. Nadie aceptaría hoy una intervención patrimonial basada en una solución única aplicada de forma indiscriminada.

Sin embargo, en el espacio público parece imponerse una lógica distinta. La solución aplicada parece sistemáticamente la misma, como si todas las calles compartieran idénticos problemas y admitieran una única respuesta formal. Esto plantea una duda razonable:¿se está abordando la accesibilidad desde una solución general, más que desde un análisis caso a caso?¿Se han valorado realmente otras alternativas —aceras diferenciadas, itinerarios accesibles específicos, soluciones mixtas— o la plataforma única se ha convertido en la respuesta por defecto?

La accesibilidad es un mandato legal, sí. Pero no se cumple por el simple hecho de adoptar una tipología urbana. La accesibilidad se alcanza o se fracasa en la ejecución, en los detalles, en la respuesta a problemas conocidos de antemano. Y uno de esos problemas —ya señalado en una tribuna anterior— es el insuficiente estudio de las pendientes y de la nivelación del espacio público, cuestiones básicas en cualquier intervención urbana.

Las pendientes, tanto longitudinales como transversales, no son un aspecto secundario: condicionan la evacuación del agua, la seguridad del tránsito peatonal y la comodidad de uso para personas con movilidad reducida. Una nivelación incorrecta, aunque sea mínima, puede generar charcos persistentes, superficies resbaladizas o inclinaciones incómodas, especialmente en plataformas únicas donde desaparece el bordillo como elemento regulador del drenaje. Resolver estas cuestiones no es opcional, porque se trata de problemas conocidos a priori, no de efectos imprevistos.

Cuando estas deficiencias se producen, no estamos ante un fallo menor, sino ante un fracaso funcional que afecta directamente a la accesibilidad real. Yo me pregunto :¿Se ha conseguido realmente el objetivo perseguido? ¿Las personas con discapacidad visual se orientan con seguridad?¿Las personas con movilidad reducida se sienten cómodas y protegidas?¿La señalización táctil es continua, clara y eficaz, o meramente testimonial?¿El peatón reconoce sin ambigüedad su espacio frente al vehículo? No creo que sean preguntas retóricas: seguro que podrían ser indicadores básicos de accesibilidad real. Eso lo dirán los especialistas. En cualquier caso, basta recorrer muchas de estas calles para comprobar que las respuestas no siempre son tranquilizadoras. Yo, como ya he indicado, no me siento segura y menos cuando voy acompañada con una persona de movilidad reducida.

A estas preguntas añadiría otra: ¿Hay un control efectivo del uso del espacio público en las zonas con plataforma única?. La plataforma única presupone no solo un diseño determinado, sino también unas condiciones de gestión y control, porque al desaparecer la separación física entre calzada y zona peatonal, el espacio se vuelve más vulnerable a la ocupación indebida, especialmente por motocicletas y vehículos ligeros. Esto no es anecdótico. Es uno de los inconvenientes conocidos de la plataforma única y, por tanto, debería haberse previsto desde el inicio. Si se acepta que esta tipología puede facilitar la invasión del espacio peatonal, resulta evidente que su implantación debería ir acompañada de un control riguroso del estacionamiento y del uso de la vía pública. De lo contrario, la accesibilidad proyectada se diluye rápidamente en la práctica cotidiana. Basta dar un paseo por la Calle Méndez Núñez para constatar que ese control no siempre se ejerce de manera sistemática.

Llama también especialmente la atención —y esto es observable sin instrumental técnico— el excesivo espesor de las juntas entre adoquines y la aparición de lo que en construcción se conocen como “cejas”: pequeños desniveles entre piezas contiguas del pavimento que generan escalones apenas perceptibles a la vista, pero muy problemáticos para la marcha, las ruedas de sillas, carritos o bastones. No me corresponde medir los espesores de junta ni contabilizar las cejas, pero es evidente que en cuanto a los espesores se superan con creces las recomendaciones técnicas y que las cejas son muy frecuentes.

Fuente: Rocío M. Trujillo La calle Castillo Lastrucci renovará su imagen en dos meses con plataforma única y adoquín de Gerena. En 20 minutos. Sevilla. 21.01.2026 (acceso).

En cuanto a las juntas, cuando se conocen los valores admisibles —juntas finas, continuas y estables, con una correcta nivelación entre piezas— resulta imposible no advertir que aquí se ha producido un desajuste. Mi interpretación, como observadora externa, es inevitable: economía de ejecución. Y aquí me sale la vena de historiadora cuando esta situación me recuerda, inevitablemente, a ciertos episodios históricos bien conocidos, como las fábricas del Bajo Imperio romano, donde la escasez económica llevó a reutilizar materiales con excesivo espesor de juntas, aparejos pobres y una clara pérdida de calidad constructiva. No por desconocimiento, sino por limitación de medios y relajación del control técnico.

A lo anterior conviene añadir una reflexión sobre el material empleado, porque antes incluso de hablar de ejecución, existe una responsabilidad en la selección del adoquín que no puede ignorarse. En Sevilla se está recurriendo de forma sistemática al adoquín reutilizado, procedente de calles antiguas levantadas, pavimentos históricos o reurbanizaciones previas. Esta decisión, en sí misma, no es problemática; puede ser incluso positiva desde el punto de vista patrimonial y ambiental. Sin embargo, el adoquín reutilizado no es un material neutro: llega con desgaste acumulado y con tratamientos antiguos que condicionan su comportamiento.

El primer problema evidente es la superficie pulida por el uso. El paso prolongado de vehículos y peatones abrillanta el granito y, aunque originalmente fuera rugoso, pierde adherencia, especialmente en mojado. Esto no es una cuestión estética: implica un riesgo real de resbalón, perfectamente previsible. A ello se suma la irregularidad de las piezas, con espesores distintos y geometrías no uniformes, que dificulta mantener una superficie continua y hace mucho más complejo evitar cejas y resaltes. El desgaste de los bordes provoca además que las juntas se agranden o se hundan, generando problemas evidentes para sillas de ruedas, bastones,... y no hablo de los tacones que cada vez muchas evitamos más.

En estas condiciones, el adoquín reutilizado no permite garantizar su comportamiento antideslizante “tal cual”, especialmente mojado. No cumple el criterio de previsibilidad que exige la accesibilidad: no basta con que el pavimento “parezca” seguro, debe comportarse de manera fiable en condiciones reales de uso. Por ello, su reutilización solo es defendible si se adoptan precauciones claras y conocidas: retratado de la cara vista, selección rigurosa de piezas y una colocación extremadamente cuidada, con juntas finas y estables sobre base rígida. Incluso así, su uso debería ser limitado, evitando rampas, pendientes acusadas y los itinerarios accesibles principales cuando no existe una banda peatonal claramente diferenciada.

Lo que resulta difícil de comprender es que estas cuestiones no sean apreciadas por los técnicos responsables de la Gerencia de Urbanismo, cuando se trata de aspectos visibles, reiterados y directamente relacionados con la seguridad y la accesibilidad del espacio público. Especialmente cuando el propio Ayuntamiento de Sevilla cuenta con una estructura específica, la Oficina de Accesibilidad, creada precisamente para evaluar, orientar y mejorar este tipo de intervenciones complejas.

No escribo esto para negar la accesibilidad, sino para exigir coherencia entre el objetivo declarado y los resultados que parecen haberse obtenido. Porque la accesibilidad no es lo que parece ser para nuestro alcalde, una declaración de intenciones y una forma urbana reconocible: es una experiencia de uso. Y cuando esa experiencia genera inseguridad, duda o incomodidad, algo no está funcionando como debería.

Hablar de ello, incluso desde fuera de la especialización técnica, no es una intromisión, sino una forma legítima de ejercer ciudadanía crítica. Y quizá sea precisamente esa mirada externa la que permita recordar que no basta con elegir la solución correcta: hay que estudiar cada caso, ejecutar con rigor, controlar el uso del espacio y elegir con cuidado los materiales y las pendientes con los que se construye la ciudad.

Sevilla, a 27 de enero de 2026.