Pensar incomoda: la ofensiva contra el pensamiento crítico

Cuando se ataca a la universidad, no se busca mejorar la educación, sino debilitar la crítica.

Amparo Graciani

Cada cierto tiempo reaparece una acusación tan vieja como la propia universidad: que el pensamiento crítico es “hacer política”, que el universitario debe limitarse a enseñar sin opinar, que la crítica pública desacredita la excelencia académica. Nada nuevo. Lo verdaderamente novedoso es la desmemoria —o quizá el simple desconocimiento— con la que se formula.

Conviene recordar, para empezar, que la universidad nunca ha sido neutral. No porque adoctrine —eso sería su negación—, sino porque su razón de ser es pensar críticamente la realidad. Y pensar críticamente siempre ha incomodado al poder, sea cual sea su signo. Lo entendió bien Miguel de Unamuno, cuando recordó que el deber del intelectual no es obedecer ni agradar, sino incomodar cuando es necesario. La universidad no nació para formar súbditos dóciles, sino ciudadanos con criterio. Y eso implica disentir.

Resulta llamativo que aún haya quien crea que la relación entre universidad y vida pública es una desviación contemporánea. Basta mirar la historia reciente de España. Lo ejemplificaré en la época que más me ocupa: la Sevilla de los años veinte. En plena transformación urbana y cultural, muchos de los responsables del proyecto modernizador eran universitarios: juristas, humanistas, ingenieros, médicos. Ahí está Carlos Cañal Migolla, abogado, arqueólogo y político, ejemplo de una generación para la que formación académica y compromiso público no eran realidades opuestas, sino complementarias. O Blas Infante, notario, intelectual, políglota, lector incansable, cuyo legado político resulta inseparable de su formación humanística. La lista sería larga y desmonta una idea peligrosa: que la universidad empobrece el pensamiento crítico. Históricamente ha ocurrido justo lo contrario.

La desconfianza hacia el profesorado universitario no es inocente. En contextos autoritarios, el primer objetivo siempre es la universidad. Hoy lo vemos en regímenes dictatoriales donde profesores son expulsados, perseguidos o forzados al exilio por enseñar a pensar. España no fue ajena a ello, bien lo sabemos. Dejo a un lado a los asesinados, represaliados y exiliados de la Guerra Civil. No quiero entrar en eso. Recordemos cómo durante décadas, el terrorismo de ETA señaló a profesores universitarios no por adoctrinar, sino por representar la palabra, la razón y la discrepancia. La historia es clara: cuando se ataca a la universidad, no se busca mejorar la educación, sino debilitar la crítica.

Pero el problema es hoy más complejo y, en cierto modo, más preocupante. A la presión externa se suma una renuncia interna. Cada vez más universitarios optan por no opinar, no implicarse y no intervenir en el espacio público por miedo al ataque, al señalamiento o a la deslegitimación personal. El resultado es un doble empobrecimiento: la universidad deja de cumplir plenamente su función social y la sociedad deja de recibir el retorno de la inversión que ha hecho en la formación de esas personas.

Porque no conviene olvidarlo: formar universitarios no es solo transmitir conocimientos técnicos. Es dotar a la sociedad de criterio, análisis y pensamiento riguroso. Cuando quienes poseen esas herramientas se retiran del debate público, el espacio lo ocupan la consigna, el ruido y la desinformación.

Por eso resulta especialmente dañino que, desde dentro de la propia universidad, se aconseje a quien se implica que no lo haga, que “no se exponga”, que “no se complique”. Ocurre justo lo contrario de lo que debería ocurrir. Los universitarios deberían implicarse más, y quienes lo hacen deberían recibir respaldo, reconocimiento y protección, no advertencias ni reproches. Más aún cuando esa implicación es estrictamente cívica, no partidista.

Criticar la gestión de una ciudad, denunciar el abandono de una calle o cuestionar decisiones públicas no es hacer política partidista. Es ejercer ciudadanía. Pretender que un profesor universitario deba silenciar su voz fuera del aula supone desconocer —o temer— el papel social del conocimiento.

Hay, además, una paradoja difícil de ignorar. Quien acusa a la universidad de “bajo nivel” suele exhibir precisamente aquello que dice combatir: ausencia de pensamiento crítico, incapacidad de argumentación y recurso al insulto como sustituto de la idea. Si quien escribe es universitario, confirma el fracaso que denuncia. Y si no lo es, plantea una pregunta inquietante: ¿considera preferible la ignorancia al conocimiento cuando este resulta incómodo?

En este contexto, conviene también precisar el papel de los gestores universitarios. No les corresponde alinearse políticamente, pero tampoco amparar una falsa neutralidad ante la crítica. Su obligación es defender el rigor, distinguir entre ataque y argumento, entre descalificación y crítica fundada. La universidad no necesita silencios cómplices ni equidistancias vacías; necesita criterio técnico, exigencia intelectual y defensa clara del pensamiento riguroso.

La universidad no existe para tranquilizar conciencias ni para reproducir consignas. Existe para formar personas capaces de pensar por sí mismas, incluso —y sobre todo— cuando eso molesta. Quien confunde crítica con militancia no teme a la política: teme a la inteligencia. Y esa, nos guste o no, seguirá siendo el territorio natural de la universidad.

Sevilla, a 18 de enero de 2026.