El Escaparate de los errores

La proyección mediática forma parte de su incidencia

Amparo Graciani García

Aunque desprovista de su significado original, es probable que Mario Niebla tuviera en mente la conocida frase bíblica «Pedid y se os dará», recogida en el Evangelio de San Mateo (Mateo 7:7) y también en el de San Lucas (Lucas 11:9). Lo que parece seguro es que el Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía pasaron por alto ese conocido refrán castellano, mucho más prosaico pero quizá más pertinente en este caso: «Ante el vicio de pedir, está la virtud de no dar».

Y es que, como he defendido en otras publicaciones, el error fundamental de la celebración, el pasado 17 de septiembre, de la XX Gala de los Premios Escaparate en la Plaza de la Virgen de los Reyes no ha sido de su promotor —nos guste más o menos el personaje—, sino del Ayuntamiento de Sevilla y de la Junta de Andalucía, que autorizaron el uso de este espacio para el evento y que, además, lo financiaron.

Sepan nuestros lectores que, desde que el 31 de agosto comenzáramos a denunciar en X dicha celebración, hemos puesto en evidencia lo que ya todos conocen: que se vulnera el artículo 11.1 de la Ordenanza Reguladora de la Ocupación de los Espacios Públicos del Conjunto Histórico Declarado. Estábamos convencidos de que, por muy difícil de justificar que nos parezca, para evitar el artículo 11.1 la Gerencia de Urbanismo argumentaría que dicha gala quedaba fuera del ámbito de la aplicación de la Ordenanza considerando que se ajustaba al supuesto D de su artículo 3 (Actividades excluidas) y que por tanto, la prohibición de ocupar las plazas de la Virgen de los Reyes y del Triunfo establecida en el artículo 11.1 no le afectaba. En concreto: según el artículo 3d:

"(Se consideran excluidas de la regulación de la presente Ordenanza las actividades que por sus características (corta duración, carecer de instalaciones o precisar instalaciones de escasa entidad) o por cualquier otra circunstancia concurrente, permitan una previsión razonable de no producir una incidencia relevante sobre el espacio en que tengan lugar o su entorno".

En mi opinión —y lo digo sin ser jurista y sin conocer el informe técnico, que necesariamente debe existir y que solicité expresamente en las denuncias presentadas el pasado 9 de septiembre—, el problema puede estar precisamente en cómo se haya valorado la incidencia del evento.

Me atrevo a aventurar que la clave de lo ocurrido esté en que ese informe ha considerado que, por su escasa duración y por la tipología de las instalaciones previstas, la celebración quedaba amparada los supuestos de exclusión D del artículo 3; probablemente porque, imbuidos en esa obsesión por obtener la argumentación administrativa para celebrar el evento, ni el informante ni quienes han gestionado el expediente han aplicado el sentido común y porque tampoco, pese a lo evidente del asunto, han meditado sobre las tan previsibles consecuencias de lo que estaban argumentado. Al fin y al cabo, todo es una muestra de la habitual falta de proacción y sentido de la impunidad que en tantas ocasiones ha venido demostrando el equipo de José Luis Sanz.

Porque una cosa es determinar si, desde una interpretación estrictamente formal, el evento puede quedar fuera del ámbito de aplicación de la Ordenanza y otra muy distinta valorar si, atendiendo a sus características reales, al lugar elegido, a la naturaleza de la celebración y a su incidencia sobre un espacio tan singular, esa interpretación resulta razonable.

De haberse aplicado también el sentido común, habría sido necesario valorar otras circunstancias. Son precisamente esas circunstancias las que, ya a finales de agosto, nos hicieron llevarnos las manos a la cabeza y tratar de mover conciencias para, dentro de nuestras posibilidades y por distintas vías (la denuncia pública en redes sociales, las denuncias administrativas y los contactos con representantes políticos), evitar la celebración del evento.

Por eso creo que el debate no debería reducirse a si se ha encontrado un encaje formal en la normativa. La cuestión de fondo es si ese encaje responde realmente al espíritu de la norma y a una valoración responsable de la incidencia del evento sobre el espacio público.

Uno y otros —el informante y quienes han gestionado el expediente— deberían haber valorado también la idoneidad y el decoro del evento en relación con el carácter de estos espacios y con sus valores sociológicos, antropológicos, culturales, patrimoniales y, en este caso, religiosos. Valores que, sin duda, ayudan a explicar la existencia de los límites establecidos en el artículo 11.1 de la Ordenanza.

Deberían haberlo considerado porque los efectos sociales de una decisión se maximizan precisamente cuando no existe correspondencia entre el uso que se hace de un espacio y los valores que ese espacio representa.

¿Cómo no valorar que, por muy poco que durara el evento y por pocas instalaciones que se colocaran —que, por cierto, no fueron tan pocas—, habría ciudadanos que podrían sentirse ofendidos al ver banalizada una plaza vinculada a sus devociones, a sus tradiciones y a su propia memoria colectiva?

¿Cómo no prever que otros muchos ciudadanos podían sentirse indignados al considerar que se estaban tratando de forma inadecuada bienes patrimoniales especialmente destacados y que determinadas prácticas, reiteradas o normalizadas, pueden terminar comprometiendo incluso logros fundamentales para la ciudad, como el reconocimiento de determinados bienes y espacios dentro del Patrimonio Mundial de la Humanidad?

¿Cómo no tener en cuenta, además, que ya llueve sobre mojado? La problemática de los veladores, la celebración de Icónica en la Plaza de España y otras actuaciones sobre espacios patrimoniales han generado un clima de creciente crispación. En ese contexto, circunstancias que sobre el papel podían parecer nimias podían convertirse fácilmente en un polvorín.

Y hay otra cuestión que tampoco debería haberse obviado: la duración de un evento no se mide únicamente por las horas de montaje, celebración y desmontaje.

La proyección mediática forma también parte de su incidencia. Y en este caso estaba ampliamente asegurada por la propia organización. Una imagen difundida por medios y redes sociales puede permanecer durante años, convirtiendo en permanente la huella de algo que administrativamente se consideró breve.

La freidora frente a la puerta del Alcázar, humeante y oliendo a fritanga, no queda únicamente en mi retina y en mi memoria visual o fotográfica. Queda en la de muchos sevillanos y, además, puede quedar en la de quienes visitan la ciudad y reciben esa imagen como una representación de cómo se entiende y se utiliza nuestro patrimonio.

Por eso deberían haberse valorado muchas más cosas que el tiempo de ocupación o el número de instalaciones: la condición patrimonial del lugar; la imagen que se proyecta de la ciudad ante el turista que pasa por la plaza durante los preparativos —que no conoce la duración administrativa del evento, sino que ve lo que tiene delante—; el modo en que se utiliza un espacio tan singular; el riesgo de banalización; la verdadera envergadura de la proyección pública del acto, capaz de eternizar mediáticamente una supuesta brevedad; y, por supuesto, la posible repercusión y controversia social que podía generar. ¿Cómo no prever que habría personas que, con independencia de compartir o no valores religiosos o de tener o carecer un especial interés por el patrimonio, se sentirían ofendidos ante semejante exhibición de prepotencia social?

Y es que esto era importante. Muy importante. Porque un Gobierno municipal no está únicamente para facilitar actividades, obtener ingresos, atraer determinados eventos o proyectar una determinada imagen de la ciudad hacia el exterior. Está también para administrar el espacio público atendiendo al interés general y a los valores que ese espacio representa.

Y, cuando la controversia social era previsible —tanto por la naturaleza y el carácter elitista del acto como por la utilización de un espacio público de extraordinario valor—, y cuando el evento (y con ello la imagen de la ciudad) podían ser objeto de politización, estas cuestiones también deberían haber formado parte de la valoración. Porque que algo pueda ser legal desde una determinada interpretación normativa no significa necesariamente que sea una buena decisión administrativa, ni que sea la decisión más prudente, más respetuosa o más adecuada para la ciudad.

Sinceramente, me pregunto dónde ha estado el sentido común de los informantes y de los gestores. Quizás no esté, no exista. O quizás haya quedado por detrás de otros intereses.

También me pregunto dónde ha estado el sentido común de Mario Niebla, que durante la pasada Feria de Abril ha vuelto a ver cuestionada, desde fuera, su gestión como Hermano Mayor de la Hermandad del Rocío, en relación con la gestión de la caseta de la Hermandad y la implicación en la misma del Hotel Hesperia del que él es relaciones públicas. Que aquello quedara entonces en nada, a pesar de las numerosas quejas en redes, y que los rumores y comentarios sobre la asignación de la Torre de los Perdigones a la Hermandad y, sobre todo, sobre la gestión de sus dependencias hayan resultado, de momento, solo eso, no debería haberle hecho olvidar lo sucedido. Tampoco a José Luis Sanz, teniendo en cuenta que es parte activa de ambas polémicas y que puede verse muy salpicado.

Quizás, después de aquello, hubiera sido mejor por parte de Mario Niebla un poquito más de discreción. Aunque eso parece difícil, precisamente porque de discreción es de lo que esta gala adolece. Y sin duda, mucha más prudencia y adecuación a la normativa por parte de nuestro alcalde, y más en estos tiempos preelectorales en los que va encadenando polémicas.

Lo cierto es que estoy segura de que muchos, hoy por hoy, habrían deseado haber actuado de otra forma: el informante, los gestores, los organizadores, los promotores...

Nosotros no pudimos más que avisar. Si el evento no se hubiera celebrado, probablemente todo esto no habría saltado por los aires. Y el propio Mario Niebla seguiría siendo, pese a lo que él pueda pensar, un personaje bastante desconocido para la mayoría de los sevillanos. Hoy, en cambio, es conocido por muchos y está expuesto a una atención pública que, desgraciadamente, no ha hecho más que empezar.

Sevilla a 20 de septiembre de 2026